En protesta por el inminente cierre de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Gabino Fraga Magaña”, abogados y estudiantes de derecho protestaron esta tarde de viernes en la sede ubicada en la calle Jacarandas número 33 del fraccionamiento Hurtado y rechazaron que los esquemas de capacitación lejos de reducirse sean ampliados.

Los manifestantes, entre ellos abogados y estudiantes de derecho, expresaron su inconformidad por el anuncio realizado en torno al cierre de este centro de estudios especializado en temas del orden jurídico, legal y en jurisprudencia, de manera especial porque desde su apertura, abogados, ministros y jueces, han encontrado en este espacio un esquema para promover la constante capacitación y actualización de su gremio.

as Casas de la Cultura Jurídica son centros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecidas en todos los Estados de la República, con el objetivo común de atender a los servidores públicos adscritos a los diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a la comunidad jurídica, grupos vulnerables y a la sociedad en general, mediante el otorgamiento de información jurídica, actualización de los usuarios del sistema de justicia, así como dar a conocer a las personas sus derechos, con la finalidad de incidir jurídica e instrumentalmente en la garantía del acceso a la justicia federal y el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país.

A principios del año se dio a conocer que los órganos del Poder Judicial de la Federación sufrieron un recorte de mil 76 millones de pesos de manera general, de los cuales mil 29 millones de pesos pertenecían directamente al Consejo de la Judicatura Federal, el cual es el órgano encargado de la administración de las casas de la cultura jurídica ubicadas al interior del país y que debido a estas nuevas medidas tendría que recurrir al cierre de los centros, venta de muebles innecesarios, austeridad en los gastos de ceremonial y difusión.

Los inconformes exhortaron de manera respetuosa al Gobierno Federal a evitar el cierre de las Casas de la Cultura Jurídica del país, ya que sería un retroceso para el sistema de justicia mexicano y la capacitación constante que debe aplicarse ante nuevos esquemas de impartición de justicia, en los que se incluye el Nuevo Sistema de Justicia Penal.