#CondenadaPorBesar es un de los hashtags más latentes en Argentina tras el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 26 de la Ciudad de Buenos Aires, el resultado fue condenar a Mariana Gómez a un año de prisión en suspenso por ‘resistencia a la autoridad’.

Según declaraciones del abogado de Marina “No hay ningún tipo de perspectiva de género en el poder judicial”, sin embargo, desde que empezó el juicio contra ella, organizaciones de derechos LGTB+ la acompañan.

Mariana y Rocío están casadas y viven en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. A mitad de 2017, Mariana adoptó la costumbre de acompañar a Rocío en tren hasta la estación Constitución, en Capital, desde donde su compañera se tomaba un colectivo para ir a trabajar. El 2 de octubre de ese año, mientras charlaban y fumaban un cigarrillo, se largó a llover. Se metieron debajo del domo de la estación de subte sin saber que entonces empezaría un calvario larguísimo, que todavía sigue: Mariana quedó detenida durante lo que quedaba del día y ahora fue condenada a un año de prisión en suspenso.

Todo empezó por un cigarrillo. Mariana fumaba y un empleado del subte empezó el hostigamiento. Después sumó a un oficial varón de la policía, que la llamaba “pibe” y la empujó desde el pecho. Unos minutos después ese policía llamó a una oficial mujer e intentó detener a Mariana, que intentó irse.

Fumar en lugares prohibidos es una ‘falta’, no un motivo para detener a alguien. Lo explicó a RT el abogado Teszkiewicz cuando iba a iniciarse el juicio. “En el momento en que le dicen que no se puede ir –más allá de lo agresivo y discriminatorio de tratarla de hombre– le están dando una orden ilegítima. La resistencia a la autoridad solo es delito cuando la orden es legítima. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda”, explicó.

Fueron varias las organizaciones que argumentaron por qué esto es un ataque lesbofóbico. Entre ellos, el Colectivo para la Diversidad, que se presentó en la causa en calidad de Amicus Curiae (amigo del tribunal). Según ellos, hay evidencia que “fortalece la hipótesis de la discriminación como el motivo primordial de la conducta de José María Pérez [el empleado de Metrovías], quien usó la prohibición de fumar para dar un pretenso manto de legalidad a una conducta de acoso”.