Abogado de Zitácuaro puso a prueba la actuación de la Fiscalía Regional de Justicia con sede en esta ciudad, señalando que hay una “traba de pruebas legales”, en cuanto a la resolución de asuntos en el tema de despojo de inmuebles.

El abogado Alejandro Martínez García consideró que lo importante es que se ponga a trabajar la Fiscalía, porque no trabajan y actúan (presuntamente) en complicidad con “abogados coyotes” o pseudo abogados.

Consideró que cuando se trata de asuntos de esta índole, robo de propiedades, las autoridades encargadas de realizar la impartición de justicia “no quieren ni meter las manos”, con lo cual denunció que el personal de la Fiscalía también “están inmiscuidos, porque así parece”.

Declaró el litigante que quienes estén involucrados en el robo de inmuebles deben ser llamados a cuentas, “fincando responsabilidades al que las que tenga”.

Expresó que no hay otra solución, más que acudir a los tribunales; porque, de lo contrario, no hay una salida adecuada, más que acudir a los ministerios públicos y la policía ministerial, con lo cual se siente un ambiente de temor, con el solo hecho de acudir a las instalaciones de la Fiscalía.

Para el abogado, el ministerio público es un servidor al servicio de la población, ya que en teoría debería de ser un representante legítimo de la sociedad, porque así lo manifiestan los principios en derecho.

El conocedor de los derechos llevó a cabo algunos casos, en los que tardaron al menos dos años para dar una resolución; sin embargo, enfrentó una serie de trámites burocráticos con el objeto de obstaculizar su labor.

“No saben hacer su trabajo o se hacen tarugos, pero que no se trate de dinero, porque yo les decía no está (es que), hay que citar otra vez estas personas y hay que hacer otras diligencias”, anotó Martínez García.

Recalcó que cuando hay dinero de por medio los asuntos de llevan de manera rápida por la experiencia que ha tenido y porque considera que el interés monetario mueve al personal de esta dependencia.

A su parecer no hay principios y por el contrario, tienen relación con personas dedicadas a actividades ilícitas, con lo cual están laborando al servicio “del mejor postor” y si hubiera cuestionamientos, entonces que la Fiscalía demuestre lo contrario, de que “hay una verdadera justicia en la impartición de la misma”. Declaró que en Zitácuaro prevalece un ambiente de inseguridad y como ejemplo están los asesinatos ocurridos en la localidad.

Pero en el tema de despojo de inmuebles subrayó que el asunto está todavía peor. “Cuando uno va a presentar su denuncia ellos hacen por no cumplir con su obligación, por eso hay ese tipo de despojos y de desmanes, como en las lotificaciones chuecas que hay”, manifestó.

Especificó que hay propiedades que se venden en dos o más ocasiones, con lo cual, si el ministerio público no aplica la justicia, es nula su aplicación. Por otro lado, explicó que la policía ministerial hace el papel de declaración a los testigos de manera indebida, cuando es función del ministerio público.