Una diputada local de Quintana Roo propuso que la mujeres que se sometan por segunda ocasión a la interrupción legal del embarazo se someta a una “método anticonceptivo definitivo”.

Sonia López, legisladora independiente, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Local y la Ley de Salud, en la cual plantea cambiar el artículo 97 del Código Penal con el fin de agregar una causal para que el aborto no sea punible en su estado.

En la incitativa, la diputada propone agregar que el aborto no sea castigado por “circunstancia económica grave o justificada” de la pareja, la cual deberá ser verificada por la autoridad de salud de Quintana Roo.

Además, propone que el articulo 97 bis contemple una restricción para esta condición, para aquellas mujeres que quieran someterse a la interrupción del embarazo por segunda ocasión, quienes deberán aplicarse un método anticonceptivo definitivo. De rechazar esta esterilización, los médicos podrán negarse a hacerle el aborto.

(…) así como también buscando evitar que más niños se encuentren en situación de calle, pobreza extrema, falta de educación, sin poder disfrutar de condiciones dignas para vivir y en muchas ocasiones sin tener identidad ni dignidad”, justifica la iniciativa.

Ante ello, la organización Marea Verde Quintana Roo pidió al congreso local descartar esta iniciativa, ya que consideran que la esterilización es una violación a los derechos de la mujer y viola la autonomía de sus decisiones reproductivas.

El Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del estado agregó que esta propuesta es discriminatoria en dos formas; la primera porque restringe el derecho a decidir de las mujeres y limita sus derechos sexuales.

La segunda forma se refiere a la propuesta relacionada con el escenario socioeconómico de la pareja, y la dependencia considera que condicionar el servicio médico a mujeres en situación vulnerable y puede considerarse como esterilización forzada.

Es una práctica que diversos organismos internacionales han señalado como esterilización forzada, pues condicionaría a mujeres que vivan en situación vulnerable al acceso a un servicio de salud pública”, considera el organismo.