Han pasado diez años desde que Evelia, mujer maya originaria del municipio Tixméhuac, fue acusada de homicidio en razón de parentesco a raíz de un aborto espontáneo. Sin embargo hasta ahora no logra reconstruir todas las escenas para comprender cómo en menos de tres días pasó de ser una persona libre, a una presa con una condena de 12 años y seis meses, y una multa de 154 mil pesos.

Desde un cuarto privado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tekax –donde está recluida- cuenta que tenía 27 años cuando un hombre de su comunidad, al cual no identifica, la obligó a tener relaciones sexuales.

No sabía que estaba embarazada cuando el sábado 18 de julio del 2009, en su casa de Tixméhuac, se desmayó en tres ocasiones. Todo lo demás es borroso y solo puede confiar en las versiones de los demás: su mamá le contó que se cayó boca abajo y “salió un bebé”, por lo que solicitaron al amigo de uno de sus hermanos que las trasladara al Hospital Comunitario de Peto con todo y el producto.

Bajo una mata de cabello teñido y peinado en un chongo, sus ojos oscuros se hacen más pequeños mientras se esfuerza en rememorar lo que ocurrió después: en el hospital no habló con ningún doctor, solamente sentía que “raspaban” su vientre y por lapsos escuchaba que algunos médicos platicaban. Sin embargo, no reconocía sus palabras: en ese tiempo sólo hablaba maya.

En el nosocomio, notificaron a su madre que el producto había muerto. Amaneció y sin proporcionarle un intérprete ni permitirle buscar un abogado, la trasladaron al Ministerio Público, un día después de que le hicieran el legrado. Estaba sola.

Aunque no lo entendía, las autoridades del Ministerio Público le hicieron firmar una declaración escrita en español porque le dijeron que si no lo hacía su condena sería de 40 años de cárcel: una clara violación a los derechos humanos, pues el apartado A , fracción VIII del Artículo 2° de la Constitución Política establece que los indígenas tienen derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

El artículo es respaldado, entre otros documentos oficiales, por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el cual dice que deben tomarse medidas para garantizar que los miembros de pueblos originarios puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Hacia las tres de la mañana del lunes la trasladaron al Cereso de Tekax y hasta entonces se enteró de su embarazo. “Mi primer día no recuerdo… cuando amaneció mis compañeras me dijeron que estaba embarazada. No comía, ellas me ayudaban. Me platicaron cuando todo salió en el periódico. Estuve 15 días sin comer y me empecé a recuperar”, detalla en un tímido español, idioma que aprendió en la cárcel.

Poco a poco empezó a comprender qué había pasado, pero tampoco tiene información fidedigna al respecto: sospecha que el personal médico que la atendió fue quien la denunció, al considerar que había intentado abortar a su hijo. Según la declaración que firmó, tenía siete meses de gestación.

Conforme pasaron los días buscó alternativas para salir de prisión. Denunció la violación, pero los trabajadores del Ministerio Público dijeron “que nada podían hacer porque había pasado mucho tiempo”.