Con el propósito de fortalecer la gratuidad educativa y proteger la economía de las familias michoacanas, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de Michoacán, con el fin de frenar las compras obligatorias en las escuelas.

Desde tribuna, la legisladora enfatizó que defender el derecho a la educación es hablar de justicia social, igualdad de oportunidades y dignidad. Señaló que, aunque la Constitución establece que la educación debe ser gratuita, en la práctica muchas familias enfrentan presiones económicas al inicio de cada ciclo escolar.

Explicó que en diversos planteles todavía se obliga, induce o presiona a madres y padres de familia para adquirir uniformes, útiles o contratar actividades complementarias con proveedores específicos, mediante listas “oficiales” o recomendaciones que generan temor ante posibles consecuencias administrativas o académicas.

“Eso no es organización escolar ni cooperación voluntaria; es una práctica que vulnera la libertad de elección y afecta directamente la economía familiar”, sostuvo.

La diputada subrayó que en numerosos hogares hay más de una hija o hijo en edad escolar, mientras que los ingresos suelen ser variables o insuficientes, lo que agrava el impacto de estos gastos.

La propuesta plantea precisar en la ley la conducta infractora, cerrar vacíos legales y establecer de manera clara que no se puede obligar, inducir ni presionar a las familias para realizar compras en establecimientos determinados, ya sea mediante listas exclusivas, convenios o recomendaciones disfrazadas de obligatoriedad.

Grecia Aguilar Mercado puntualizó que la iniciativa no pretende desorganizar a las escuelas ni eliminar actividades complementarias, sino garantizar que la participación sea verdaderamente voluntaria y que la economía familiar sea respetada, sin condicionamientos que encarezcan el derecho a estudiar.

Asimismo, advirtió que cuando una familia debe endeudarse o elegir entre cumplir con una compra impuesta o cubrir necesidades básicas, la educación deja de ser un derecho pleno y se convierte en una carga desigual que profundiza brechas sociales.

Finalmente, afirmó que esta reforma enviará un mensaje firme: en Michoacán no se permitirán prácticas que encarezcan injustificadamente el acceso a la educación. “Educar también es respetar y legislar también es proteger”, concluyó.