La situación política en el municipio de Charo se ha tensado en las últimas semanas ante una serie de acusaciones que involucran al presidente municipal, Juan Gabriel Molinero Villaseñor. Ciudadanos y actores políticos lo señalan por presuntos actos de corrupción, conflicto de intereses y posible uso indebido de recursos públicos a través de empresas vinculadas a su entorno.

Uno de los casos que ha generado mayor controversia es la construcción del Andador del Puente de la Calzada. Aunque oficialmente la obra fue asignada a la empresa NADIM Construcciones de Occidente, con sede en Jalisco, habitantes del municipio documentaron que la maquinaria y el personal que realizaban los trabajos presuntamente pertenecían a “MOCA Servicios Industriales”, firma que ha sido relacionada con el propio alcalde.

De acuerdo con documentos de facturación, NADIM habría recibido más de 1.6 millones de pesos por la rehabilitación de un camino municipal. Sin embargo, en el lugar de la obra se observaron equipos y trabajadores que no corresponderían a dicha compañía. Además, ha trascendido que MOCA ha participado en licitaciones en otros municipios obteniendo contratos de alto monto, y que documentos oficiales de la empresa estarían firmados por el edil.

Cuestionamientos por calidad de obras y presunto favoritismo

Las críticas no se limitan a un solo proyecto. En redes sociales circulan videos e imágenes donde se aprecian presuntas fallas estructurales y deterioro prematuro en obras recientemente inauguradas por el Ayuntamiento.

A ello se suma la denuncia de un supuesto beneficio a familiares del alcalde mediante empresas favorecidas en procesos de contratación pública, lo que ha incrementado el malestar social.

El tema escaló al ámbito estatal cuando el diputado Baltasar Gaona García, próximo presidente del Congreso de Michoacán, anunció su intención de promover una auditoría integral al Ayuntamiento de Charo y a las empresas involucradas. El legislador señaló que, de comprobarse las acusaciones, podrían configurarse faltas graves y violaciones a la normatividad vigente en materia de transparencia y responsabilidades administrativas.

Polémica por el suministro de agua

Otro punto de conflicto gira en torno al servicio de agua potable. Habitantes del municipio acusan a la administración local de autorizar el suministro a un complejo habitacional privado ubicado en Morelia, sin consulta pública previa y mientras diversas comunidades enfrentan problemas de desabasto.

Vecinos han advertido que podrían emprender acciones legales y movilizaciones para exigir el respeto a su derecho al acceso al agua.

En este contexto, la administración municipal no ha emitido un posicionamiento amplio frente a los señalamientos, mientras crecen las demandas ciudadanas de esclarecimiento, transparencia y rendición de cuentas.