El diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó una iniciativa de reforma a seis leyes estatales con el fin de establecer la obligatoriedad para que todos los poderes públicos, organismos autónomos, ayuntamientos y entidades paraestatales implementen protocolos de prevención y atención de la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual por razones de género.

La propuesta plantea modificar la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, así como las leyes orgánicas de la Administración Pública, de los Ayuntamientos, del Congreso local, del Poder Judicial y de las Entidades Paraestatales, con el objetivo de que cada institución cuente con un Protocolo homologado, actualizado y plenamente aplicable.

Durante su intervención en el Pleno, Ocampo advirtió que “no basta con tener leyes que reconozcan los derechos de las mujeres si en la práctica no existen mecanismos reales para protegerlas”, y sostuvo que la reforma busca garantizar espacios públicos seguros, justos y con cero tolerancia a la violencia de género.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos de violencia familiar, abuso sexual, acoso y hostigamiento mantienen una tendencia creciente en Michoacán. Solo en 2024 se registraron más de 14 mil carpetas de investigación por violencia familiar y cerca de 400 por acoso u hostigamiento sexual, cifras que evidencian la urgencia de fortalecer la respuesta institucional.

La iniciativa señala que, pese a los avances legales, muchas dependencias aún carecen de protocolos claros, eficientes y con sanciones internas, lo que ha provocado la persistencia de prácticas violentas y la normalización del acoso en el ámbito público.

De aprobarse, cada institución deberá incluir definiciones precisas, principios de confidencialidad, no revictimización y debida diligencia, además de mecanismos seguros de denuncia, medidas cautelares inmediatas, sanciones administrativas, estrategias de difusión y capacitación permanente para su personal.

Ocampo subrayó que contar con un protocolo “no es un trámite burocrático, sino una garantía de justicia y dignidad para las mujeres que laboran en el servicio público”, por lo que exigió que las instituciones “prediquen con el ejemplo: cero impunidad y cero silencio frente al acoso”.

La reforma también armoniza el marco jurídico estatal con la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reforzando la responsabilidad del Estado de actuar con debida diligencia y perspectiva de género.

“Construir un Michoacán libre de violencia hacia las mujeres no es una meta distante, es una obligación diaria de todas las autoridades”, concluyó el legislador.