El diputado Abraham Espinoza Villa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura, presentó una iniciativa para reformar el artículo 155 del Código Penal del Estado, con el propósito de actualizar y reforzar el delito de peligro de contagio, a fin de garantizar una protección más efectiva de la salud pública.

Espinoza Villa destacó que el derecho a la protección de la salud, establecido en el artículo 4° de la Constitución, es un bien jurídico fundamental que el Estado está obligado a salvaguardar. Sin embargo, señaló que la normativa penal vigente requiere adecuaciones para sancionar de manera proporcional conductas que representan un riesgo grave para la población.

“La iniciativa se construye sobre tres ejes fundamentales para brindar la máxima protección a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. No podemos permitir que nuestra ley permanezca débil frente a agresiones graves a la salud”, expresó el legislador.

Los tres pilares de la propuesta incluyen:

• Incremento de la penalidad base por el delito de peligro de contagio, reconociendo la gravedad de poner en riesgo la salud de otra persona teniendo conocimiento de padecer una enfermedad grave e incurable en etapa infectante.

• Agravante por contagio doloso, que aumentaría la pena hasta en una mitad cuando exista la intención explícita de transmitir la enfermedad y el contagio se materialice.

• Protección especial para grupos vulnerables, como niñas, niños, personas adultas mayores o personas con discapacidad cognitiva, quienes se encuentran en una posición de mayor riesgo.

“Es inaceptable que la ley no sancione con mayor severidad a quien se aprovecha de la debilidad o incapacidad de defensa de otro. Cuando la víctima es una niña, un niño, una persona con discapacidad o un adulto mayor cuya fragilidad los expone a consecuencias catastróficas, el Estado debe defenderlos con la máxima energía”, afirmó.

Finalmente, el diputado del PVEM llamó a sus compañeras y compañeros legisladores a respaldar esta reforma, la cual, dijo, busca fortalecer el marco jurídico de Michoacán para garantizar la protección real de la vida y la salud.

“Esta reforma no criminaliza la enfermedad; protege. Protege a la infancia, a las personas adultas mayores, a quienes viven con alguna discapacidad y protege la confianza en nuestro sistema de salud. Porque la salud no es negociable, la dignidad no es opcional y la protección de los más vulnerables no puede esperar”, concluyó.