El repunte de la violencia en Michoacán ha puesto en entredicho los esfuerzos del Gobierno federal para contener a la delincuencia organizada. Los recientes asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder de productores de limón, Bernardo Bravo, representan un duro golpe para la política de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, centrada hasta ahora en Sinaloa y en la disputa interna del Cártel del Pacífico.

Estos crímenes rompen la narrativa optimista del Gabinete de Seguridad, que en los últimos meses ha presumido reducciones en delitos de alto impacto, particularmente en homicidios dolosos. Desde que Sheinbaum asumió la presidencia, en octubre del año pasado, los indicadores oficiales muestran una baja en asesinatos, robos con violencia y secuestros. Sin embargo, las extorsiones han aumentado, evidenciando un fenómeno menos visible pero igualmente corrosivo: el control criminal sobre sectores productivos clave, como los agrícolas y comerciales.

En municipios como Uruapan, muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias. Esa falta de denuncias genera una sensación de calma aparente que se traduce en inacción institucional. Consciente de ello, el Gobierno federal ha insistido en proyectar una imagen de planeación y estrategia. Cada dos semanas, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aparece en las conferencias matutinas de la presidenta destacando avances y estadísticas positivas.

Sin embargo, los hechos en Michoacán modifican el tablero político y mediático. A pesar de que las cifras marcan una tendencia a la baja, la realidad en el terreno muestra otra cara. En el caso de Bernardo Bravo, se presume que fue citado por el grupo criminal Los Viagras, que controla la extorsión en la región de Tierra Caliente. Fue asesinado tras acudir a una supuesta reunión en Apatzingán.

El ataque contra Carlos Manzo resultó aún más impactante: el alcalde fue ejecutado en plena plaza pública, durante las celebraciones del Día de Muertos, a pesar de contar con escolta. Ambos casos reflejan la capacidad de las mafias locales para operar con impunidad y desafiar al Estado.

La indignación social se desbordó este domingo en Morelia, donde cientos de personas se manifestaron en repudio al asesinato de Manzo. La protesta derivó en disturbios y en un asalto simbólico al Palacio de Gobierno, con mobiliario lanzado por las ventanas, reflejo del hartazgo ciudadano ante la violencia.

La crisis ha escalado al punto de convertirse en una de las más graves en materia de seguridad desde el inicio del actual sexenio. Este lunes, el Gabinete de Seguridad se reunirá para evaluar la situación, en un contexto marcado también por la tragedia en Sonora, donde 23 personas murieron en el incendio de una tienda.

El asesinato de Manzo recuerda al del alcalde de Chilpancingo, ocurrido hace un año, y evidencia la persistencia de un patrón: la cooptación del poder local y de las economías legales por parte del crimen organizado.

Aunque en aquel entonces Sheinbaum apenas había asumido el cargo y su administración podía alegar falta de tiempo, hoy la responsabilidad política es mayor. Pese al descenso de homicidios y a las cifras de detenciones, la brecha entre los datos oficiales y la violencia en las calles revela una realidad paralela que desafía la credibilidad del discurso gubernamental.