Un juez federal vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa a 11 exmilitares colombianos, acusados de participar en un ataque con explosivos contra elementos del Ejército mexicano, ocurrido en mayo pasado en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco, donde murieron ocho soldados.

La decisión se tomó tras una audiencia de más de 20 horas en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia, Michoacán. El juez determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas suficientes para procesar a los detenidos por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Según fuentes judiciales, los implicados fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 17, ubicado en Buenavista Tomatlán, en la región de Tierra Caliente, donde permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso legal.

Los exmilitares fueron capturados a finales de mayo durante un operativo en el municipio de Los Reyes, Michoacán, poco después del ataque con una mina terrestre que cobró la vida de ocho soldados. En total, se detuvo a 17 personas, de las cuales 11 fueron identificadas como exintegrantes de las fuerzas armadas de Colombia.

Durante la detención, se les aseguraron réplicas de armas largas, cartuchos, 41 artefactos explosivos, una caja con explosivos, una cubeta con pólvora negra, 13 placas balísticas, dos cascos y un chaleco táctico, de acuerdo con reportes oficiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que hay 12 ciudadanos colombianos detenidos en relación con estos hechos, 11 de los cuales pertenecieron a sus fuerzas armadas. En un comunicado, reconoció la existencia de un “creciente fenómeno de cooptación de personal con formación militar para integrar estructuras criminales”, lo que ha facilitado la actuación de exmilitares como mercenarios fuera del país.

Las autoridades mexicanas continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existen más personas involucradas.

Preocupación por el uso de mercenarios

El gobierno colombiano expresó su inquietud ante la participación de exmilitares en actividades criminales en el extranjero. Señaló que estos individuos son contratados como operadores especializados por organizaciones delictivas, desempeñando funciones tácticas, asesoramiento en explosivos y manejo de tecnología armada, incluyendo drones.

Este fenómeno ya había sido identificado por las autoridades mexicanas, especialmente en Michoacán, donde se ha documentado el uso de minas terrestres y drones por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.