El Gobierno de Colombia confirmó este martes que los once ciudadanos colombianos detenidos en México la semana pasada, acusados de participar en la fabricación y detonación de una mina terrestre que provocó la muerte de ocho militares en Michoacán, tuvieron vínculos previos con las Fuerzas Militares del país.

A través de un comunicado, la Cancillería colombiana señaló que, tras verificar las identidades de los detenidos, se estableció que “tuvieron relación con las Fuerzas Militares de Colombia en el pasado”.

El gobierno colombiano también aseguró que brindará atención consular a sus connacionales para garantizar el respeto de sus derechos legales, procesales y humanitarios.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta lo sucedido y recuerda que la gran mayoría de los colombianos que viajan a México lo hacen por motivos de turismo o forman parte de una valiosa comunidad académica y científica que contribuye al desarrollo cultural, social y económico de ese país”, añadió el comunicado.

Captura en Michoacán

Los once colombianos fueron detenidos junto a otras seis personas el pasado jueves durante un operativo del Ejército mexicano en el municipio de Los Reyes, en el estado de Michoacán, fronterizo con Jalisco.

Las 17 personas fueron localizadas en una presunta casa de seguridad, donde se encontraron materiales para la fabricación artesanal de minas antipersonales, así como armas de fuego, cargadores y cartuchos. Según las autoridades mexicanas, los detenidos formarían parte de una célula criminal vinculada al Cártel de Los Reyes, una organización surgida hace una década como escisión de los grupos de autodefensa que combatían al entonces poderoso cártel de Los Caballeros Templarios.

De soldados a mercenarios

Este caso pone nuevamente en foco el fenómeno de la contratación de exmilitares colombianos por parte de redes criminales o empresas privadas para participar en conflictos armados en el extranjero.

Numerosos colombianos con formación militar han sido reclutados en los últimos años para actuar como mercenarios en conflictos como los de Haití, Sudán, Ucrania o Yemen. Uno de los casos más notorios ocurrió el 7 de julio de 2021, cuando un comando armado asesinó al entonces presidente de Haití, Jovenel Moise, en su residencia en Puerto Príncipe. Tras el magnicidio, la Policía haitiana detuvo a 18 exmilitares colombianos y reportó que otros tres murieron durante la operación.

De acuerdo con las investigaciones, el asesinato fue perpetrado por un grupo de 26 mercenarios colombianos que irrumpieron en la vivienda presidencial sin encontrar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad que resguardaban el inmueble.