La Fiscalía General de la República (FGR) ha redoblado sus esfuerzos legales contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, al presentar un incidente de revocación para anular la suspensión judicial que actualmente impide su detención. La medida cautelar protege al exmandatario de una orden de aprehensión emitida por el presunto desvío de 3,400 millones de pesos, recursos destinados a la construcción de siete cuarteles policiales en municipios como Apatzingán y Uruapan, obras que nunca se materializaron durante su administración (2015-2021).

El nuevo recurso legal fue interpuesto ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en la Ciudad de México, con el argumento de que la suspensión otorgada contraviene el artículo 140 de la Ley de Amparo.

Aureoles obtuvo un amparo provisional el pasado 21 de abril, pese a que la FGR solicitó prisión preventiva justificada. La suspensión fue concedida por un secretario judicial en funciones de juez y ratificada posteriormente por el Segundo Tribunal Colegiado, que consideró infundada la queja de la fiscalía. Hasta ahora, el exgobernador no ha comparecido ante la justicia y permanece prófugo. Expertos en derecho advierten que este caso refleja lagunas legales que facilitan que figuras de alto perfil evadan el debido proceso.

Desmantelan red de corrupción

La investigación ha derivado en procesos judiciales contra cuatro exfuncionarios, actualmente en prisión preventiva desde marzo, tras una extensa audiencia de 22 horas. Entre los implicados figuran Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de Seguridad Pública, señalados como operadores del esquema de desvío de fondos. Las pruebas presentadas incluyen transferencias irregulares a empresas fantasma y facturación apócrifa por obras inexistentes. Según la FGR, estos actos reflejan la penetración del crimen organizado en el aparato gubernamental de Michoacán.

Disputa legal por tecnicismos

La fiscalía sostiene que la suspensión concedida a Aureoles distorsiona el propósito de la Ley de Amparo al permitir que un imputado por delitos graves, como peculado, eluda la prisión sin demostrar que no representa un riesgo para el proceso. En su nuevo recurso, la FGR argumenta que han surgido nuevos elementos, como declaraciones de excolaboradores, que justifican la revocación de la medida cautelar.

Por su parte, la defensa del exgobernador acusa a la fiscalía de criminalizar decisiones administrativas sin pruebas contundentes de enriquecimiento ilícito. El desenlace judicial podría tardar varias semanas, prolongando la incertidumbre en torno al caso.

Impacto social y exigencia de justicia

Los siete cuarteles que debían construirse eran fundamentales para reforzar la seguridad en regiones conflictivas como Huetamo y Coalcomán, actualmente bajo control de grupos criminales. En comunidades como Lázaro Cárdenas, donde se registran altos niveles de violencia, persiste la indignación. “Ese dinero era para salvar vidas”, declaró un activista local.

Mientras la pugna entre la FGR y Aureoles continúa en los tribunales, Michoacán enfrenta una crisis de seguridad con 1,202 homicidios dolosos registrados en 2024, muchos de ellos en los mismos municipios donde se habrían desviado los fondos. El caso ha pasado a simbolizar la lucha contra la impunidad en México.