Con el objetivo de cerrar las brechas legales que dejan a muchas mujeres fuera de la protección institucional, el vicepresidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán Vélez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Michoacán.

La propuesta busca ampliar la definición de violencia familiar, reconociendo que las agresiones no siempre provienen de relaciones formalizadas o vínculos de parentesco. En este sentido, Barragán Vélez explicó que existen casos en los que los agresores son figuras de autoridad o confianza, como tutores, cuidadores, docentes o líderes religiosos.

“Es momento de que la ley reconozca estas realidades y no deje a ninguna mujer sin protección”, sostuvo el legislador, quien subrayó la necesidad de adecuar el marco legal a contextos más amplios de violencia.

La iniciativa plantea modificar el artículo 8 de la Ley estatal para que la violencia familiar también incluya aquellas situaciones donde haya existido o exista una relación de custodia, guarda, protección, educación, instrucción, cuidado, asistencia o autoridad, sin requerir un lazo familiar directo.

Barragán Vélez destacó que esta reforma se alinea con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, tales como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, cumpliendo además con el principio de progresividad, al fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres michoacanas.

Las cifras respaldan la urgencia de la medida. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, el 64% de las mujeres en Michoacán han vivido algún tipo de violencia, y el 12.2% lo ha hecho dentro del entorno familiar. Estas cifras colocan al estado entre los siete con mayor incidencia en este tipo de agresiones a nivel nacional.