En un inesperado giro que ha generado sorpresa e indignación en diversos sectores de la sociedad civil, un juez federal ha otorgado una suspensión provisional que permitirá la liberación de las cuentas bancarias de la inmobiliaria DYF, una empresa vinculada a uno de los escándalos financieros más costosos del sexenio de Silvano Aureoles.

DYF, que en 2016 obtuvo por adjudicación directa contratos multimillonarios para la renta y posible venta de inmuebles destinados a cuarteles de seguridad pública, fue señalada por su presunta participación en un fraude al erario superior a los 3 mil millones de pesos. Las edificaciones realizadas, que utilizan materiales ligeros tipo plástico pero con habitaciones blindadas específicamente para el Gobernador, han sido objeto de críticas por su baja calidad y altos costos inflados.

En 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de DYF tras presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero, involucrando a otras dos empresas y ocho personas físicas en la operación.

Sin embargo, el juez Germán Cruz Silva, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión provisional argumentando que el bloqueo de las cuentas no contaba con el respaldo de una solicitud internacional, tal como exige la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La defensa legal de DYF fue encabezada por Joaquín Martínez del Campo, uno de los accionistas de la empresa, quien logró obtener el amparo que frenó la medida precautoria de la UIF. La audiencia para determinar si la suspensión se convertirá en definitiva se llevará a cabo el 10 de abril, aunque diversas fuentes judiciales sugieren que el fallo podría ser favorable a la empresa.

Es importante recordar que en noviembre del año pasado, DYF llegó a un acuerdo reparatorio con el Gobierno de Michoacán, comprometiéndose a devolver 970 millones de pesos a cambio de inmunidad judicial para sus socios. No obstante, esta cifra representa solo una pequeña fracción de los contratos adjudicados, que suman más de 5 mil millones de pesos, y hasta la fecha, la empresa no ha cumplido con el pago.