La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó el pasado lunes 31 de marzo el acuerdo que prohíbe a servidores públicos, autoridades, instituciones y partidos políticos promover el voto o la participación ciudadana en el proceso electoral extraordinario destinado a renovar el Poder Judicial de la Federación.

Durante la sesión extraordinaria celebrada en la Junta Local del INE, se confirmó que únicamente el propio órgano electoral tiene la facultad de promover tanto el voto como la elección judicial. David Alejandro Delgado Arroyo, vocal Ejecutivo del Consejo Local en Michoacán, aclaró que “la ley no otorga a los poderes la facultad de promover el voto. Esa responsabilidad recae exclusivamente en el Instituto Nacional Electoral”, y subrayó que si alguna autoridad desea fomentar la participación, debe firmar un convenio con el INE para ceder sus tiempos oficiales en radio y televisión.

Esta medida se respalda en el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe el uso de recursos públicos con fines de promoción electoral, así como en los lineamientos del proceso electoral extraordinario judicial 2024-2025, que estipulan que los servidores públicos no pueden utilizar su cargo, recursos ni espacios institucionales para influir en la contienda.

El acuerdo aprobado el pasado sábado por el Consejo General del INE establece que las personas servidoras públicas que estén en campaña no podrán descuidar sus funciones y deberán evitar cualquier acto que favorezca de manera parcial o sesgada una candidatura. Se les insta a solicitar licencia sin goce de sueldo si sus actividades resultan incompatibles con su cargo. Además, se les prohíbe realizar actos proselitistas en horarios laborales, debiendo informar al INE sobre cualquier licencia otorgada para garantizar la equidad en la contienda.

En el mismo sentido, se precisa que cualquier promoción institucional, ya sea realizada desde dependencias gubernamentales, iglesias o foros públicos, está prohibida si favorece a alguna candidatura o involucra la entrega de bienes, servicios o propaganda calumniosa, así como la inclusión de símbolos religiosos.

Delgado Arroyo también recordó que el Tribunal Electoral redujo los tiempos oficiales del INE de 48 a 24 minutos por estación de radio y televisión. En este contexto, señaló que, si existe voluntad política, los poderes pueden ceder espacios al INE para que este los utilice en beneficio de la ciudadanía. “Si los poderes desean promover el voto, deben hacer un convenio con el INE”, reiteró, añadiendo que cualquier intento de promoción fuera de este marco será considerado como una violación a la normatividad vigente.

El documento también enfatiza que el único órgano con facultades para promover la participación ciudadana en este proceso es el INE, y que las posibles infracciones pueden ser denunciadas para iniciar procedimientos sancionadores.

Finalmente, Delgado Arroyo concluyó que el acuerdo está sujeto a medios de impugnación, por lo que se espera que el Tribunal Electoral se pronuncie al respecto, especialmente después de las declaraciones del partido Morena Michoacán, que anunció su intención de realizar una gira para promover la elección judicial y fomentar la participación ciudadana en el estado.