El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) ha hecho un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, para instalar una mesa de trabajo en la que se aborden los problemas de inseguridad, discriminación e injusticia que enfrentan los pueblos originarios.

Desde las primeras horas de este miércoles, comuneros de diversas regiones indígenas han llevado a cabo bloqueos en puntos clave del estado, como parte de su estrategia para visibilizar estas problemáticas. Entre las vialidades afectadas se encuentran:

• Carretera Cherán-Zamora, a la altura de Huáncito.
• Cherán-Pátzcuaro, en el cruce por Sevina.
• Cherán-Uruapan, en Paracho.
• Autopista Morelia-Lázaro Cárdenas, cerca de la caseta de Taretan.
• Morelia-Zacapu, a la altura de Santa Fe de la Laguna.
• Pátzcuaro-Uruapan, en la desviación a San Juan Tumbio.
• Uruapan-Los Reyes, frente a la comunidad de Zacán.
• Ramal Camelinas de Morelia.
• Acceso a Santa Clara del Cobre, municipio de Salvador Escalante.

Las demandas de las comunidades

El CSIM exige seguridad y paz para los pueblos indígenas, así como la instalación de Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en Sevina (Nahuatzen) y Santa Fe de la Laguna (Quiroga). También piden que el Ejército, la Guardia Nacional y la Guardia Civil permanezcan en Sevina hasta que la BOI sea instalada, además del fortalecimiento de su sistema de defensa comunal mediante las rondas o Juchári K’uajpiricha.

Otro punto clave en su pliego petitorio es la demanda de una reunión con los titulares de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes. Acusan a estas instituciones de discriminación, pues dejaron fuera a 40 comunidades michoacanas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente indígena (FAISPIAM), a pesar de que cumplieron con todos los requisitos legales y administrativos.

Por otro lado, el CSIM reclama al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla que la Secretaría de Finanzas esté obligando a los autogobiernos indígenas a facturar a nombre de los municipios, lo que consideran una imposición injusta, ya que en muchos casos estos municipios han sido históricamente adversarios de las comunidades.

Las comunidades indígenas han dejado claro que mantendrán su movilización hasta recibir una respuesta concreta por parte de las autoridades.