En Michoacán, la violencia económica sigue siendo una problemática alarmante, reflejada en el incumplimiento de obligaciones alimentarias por parte de deudores que niegan a sus hijos el derecho a vivienda, vestido y sustento. Entre enero de 2021 y mayo de 2024, la entidad registró 7,855 casos de violencia económica contra mujeres, según datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).

De este total, 2,839 casos han sido documentados por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, evidenciando la magnitud del problema. Esta forma de violencia se manifiesta en la negativa de pago de pensiones alimenticias, la retención de recursos o bienes por parte de parejas o exparejas, y la obstaculización del acceso de las mujeres a medios de sustento.

A nivel nacional, la situación no es menos preocupante: tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, lo que impacta directamente en su bienestar y desarrollo. Datos del INEGI revelan que en 2023, el 60.4% de los niños y adolescentes en México no recibió pensión tras el divorcio de sus padres.

En respuesta a esta crisis, el Congreso de Michoacán aprobó este sábado una serie de reformas que buscan endurecer las sanciones contra deudores alimentarios y restringir sus derechos. Con estas medidas, se espera reducir el incumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar mejores condiciones para la infancia y las madres afectadas.