Grupo México, uno de los actores más relevantes en el sector ferroviario de carga en el país, ha manifestado su creciente preocupación ante los cambios regulatorios impulsados por el gobierno federal, que podrían impactar negativamente el futuro de sus operaciones. Estos ajustes, que buscan reactivar el transporte de pasajeros, podrían afectar las concesiones que posee la compañía.

En su más reciente informe financiero publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, el gigante empresarial liderado por Germán Larrea alertó que el gobierno federal tiene la facultad de rescatar una concesión en cualquier momento bajo los términos de la legislación vigente, por causas de "interés público". Este escenario representa una amenaza significativa para los intereses de Grupo México, ya que, en caso de revocarse alguna de sus concesiones, la empresa podría verse obligada a cesar operaciones en la red correspondiente, lo que afectaría gravemente su situación financiera y capacidad para cumplir con sus obligaciones de deuda.

“Cualquier revocación, total o parcial, de nuestras concesiones podría tener un impacto adverso significativo en nuestros resultados, situación financiera y liquidez, incluyendo nuestra capacidad para pagar nuestras deudas”, indicó la empresa en su reporte financiero.

El interés del gobierno federal en impulsar los trenes de pasajeros comenzó a tomar forma durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de noviembre de 2023, en el que se declaró el transporte ferroviario de pasajeros como una prioridad para el desarrollo nacional. Este cambio generó incertidumbre en el sector, ya que Grupo México se enfrentó previamente a la decisión gubernamental de retirar la concesión de más de 120 kilómetros de vías en Veracruz, en el marco del proyecto del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Aunque ambas partes llegaron a un acuerdo compensatorio, el panorama sigue siendo incierto.

Con la administración de Claudia Sheinbaum y la intención de continuar con los proyectos de su predecesor, el sector ferroviario sigue siendo un área de preocupación para las empresas del rubro. En entrevista con Expansión, el analista del sector Benjamín Alemán Castilla señaló que el riesgo de modificaciones regulatorias es ahora más real que nunca. “Lo que antes parecía improbable, ahora con un gobierno más activo en el sector ferroviario y con un fuerte interés en impulsar los trenes de pasajeros, el riesgo se vuelve más tangible. Es un escenario que las empresas deben tomar muy en serio”, expresó.

El 30 de octubre del año pasado, se dio un paso más en la regulación ferroviaria, cuando la presidenta Sheinbaum firmó un decreto que otorga al Estado la capacidad de operar trenes de pasajeros en todo el territorio nacional. Grupo México, que opera bajo cinco concesiones otorgadas por el gobierno federal, tiene contratos con plazos que oscilan entre los 18 y 58 años para distintas rutas, como la vía general de comunicación del Sureste, la del Pacífico-Norte, y las líneas cortas de Ojinaga-Topolobampo y Oaxaca-Sur.

No obstante, el informe financiero de la empresa señala que el vencimiento de los plazos de exclusividad de algunas de sus concesiones podría abrir la puerta a nuevas asignaciones por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Un ejemplo claro es la expiración reciente de la exclusividad de la línea corta Nogales-Nacozari, lo que añade incertidumbre sobre cómo el gobierno podría llevar a cabo la reactivación del transporte de pasajeros, particularmente en una red ferroviaria que ha sido principalmente utilizada para el servicio de carga en las últimas décadas.

“Bajo la regulación actual, no está claro cómo se otorgaría una nueva concesión sobre la misma línea férrea ni cuáles serían los derechos y obligaciones de los potenciales concesionarios. La asignación de otra concesión en nuestras líneas férreas podría afectar nuestra capacidad de operación eficiente”, concluyó Grupo México en su reporte financiero.