La jueza de la Séptima Sala de lo Penal, Martha Magaly Vega Alfaro, ha ordenado que se emita una orden de vinculación a proceso por violación equiparada agravada en contra de Edilberto P. M, reconocido dueño del afamado grupo musical Beto y Sus Canarios.

El caso se originó a raíz de la apelación XI-17/2025, donde se argumenta que el juez Wilfrido Tapia López, con sede en Zitácuaro, habría cometido presuntas violaciones serias a los derechos de una menor de edad, quien resulta ser nieta del acusado, al decidir no vincular a proceso al empresario Edilberto P. M.

Tras la resolución inicial del juez el 17 de diciembre de 2024, la defensa de la víctima apeló la decisión. Un mes después, el Tribunal de Alzada falló a favor de la menor, declarándola víctima de violación equiparada agravada.

En este sentido, la magistrada expresó que "los agravios de la víctima resultaron sustancialmente fundados y esta sala suplió sus omisiones en protección del interés superior de la víctima menor de edad", lo que llevó a revocar la no vinculación a proceso y ordenar la vinculación del imputado.

A pesar de que la cita inicial para la vinculación a proceso estaba programada para el 17 de febrero, la representación social decidió reprogramarla para el miércoles 26 de febrero, ya que el imputado se encuentra actualmente evadiendo a la justicia y se desconoce si se presentará ante las autoridades.

Es importante destacar que este no sería el primer enfrentamiento del acusado con la justicia penal. Según información revelada por la víctima indirecta el año pasado, el padre de la menor, Edilberto P. M, ha estado encarcelado en al menos tres ocasiones en Estados Unidos por delitos relacionados con la salud, además de contar con una orden de aprehensión activa de la Fiscalía General de la República por delitos similares.

El imputado fue denunciado en 2022 por presuntamente agredir sexualmente a su nieta durante tres años en Huetamo. La menor, que vivía con sus padres y su abuelo, guardó silencio por años hasta que finalmente reveló los abusos sufridos en varias ocasiones en la vivienda familiar. Con valor, la joven confesó que temía delatar a su abuelo, quien la amenazó con graves consecuencias.

La valentía de la menor y el apoyo de su familia han sido fundamentales en la búsqueda de justicia, no obstante, se han enfrentado a diversos obstáculos, incluyendo la intervención del ex fiscal Jorge Camacho Delgado, quien solicitó la suspensión de la orden de aprehensión y supuestamente obstaculizó la presentación del imputado ante la justicia.