El gobierno mexicano anunció este jueves una reforma constitucional destinada a fortalecer la soberanía del país y evitar la injerencia extranjera, especialmente en lo relacionado con la investigación y persecución de delincuentes. Además, se busca imponer las penas más severas a los extranjeros involucrados en el tráfico de armas.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que estas reformas responden a la reciente designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de la administración del expresidente Donald Trump. Esta designación podría abrir la puerta a acciones militares contra estos grupos y sus aliados. “Queremos dejar claro que no vamos a negociar nuestra soberanía. Esta no es una oportunidad para que Estados Unidos invada nuestro territorio”, subrayó Sheinbaum, al recalcar que cualquier acción relacionada con la lucha contra el crimen organizado deberá ser coordinada y cooperativa entre ambos países.

Uno de los puntos clave de la reforma especifica que se prohibirá cualquier tipo de intervención en investigaciones y persecuciones sin la autorización expresa de México, así como también se impedirán intromisiones a través de “tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

Cabe recordar que las leyes aprobadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya limitaban las actividades de agentes extranjeros en el país, exigiendo que las autoridades mexicanas fueran informadas sobre cualquier movimiento. No obstante, este cambio constitucional blindará de manera más sólida estas restricciones, dada la amplia mayoría oficialista en ambas cámaras del Congreso mexicano.

Además, la reforma incluye un apartado dirigido a los responsables del tráfico de armas, imponiendo penas severas tanto a mexicanos como a extranjeros involucrados en actividades ilícitas relacionadas con el traslado de armas al país. El texto hace una clara referencia a los ciudadanos estadounidenses, ya que más del 70% de las armas utilizadas por los cárteles mexicanos provienen de Estados Unidos.

La presidenta también anunció que se ampliará la demanda presentada por México ante tribunales estadounidenses, acusando a fabricantes y distribuidores de armas de ser cómplices de los grupos del crimen organizado en México.