Los patrones que ayuden a sus trabajadores a evadir su responsabilidad alimentaria negando información sobre los ingresos económicos ordinarios y extraordinarios o que no realicen los descuentos ordenados por un juez se les castigará con prisión de seis meses a tres años, multa y reparación del daño causado por la omisión.

La diputada Cristina Portillo presentó la propuesta de reforma que complementa la aprobada a fines de diciembre de 2019 para sancionar la insolvencia alimentaria simulada que aun cuando incluye a los patrones omisos se limitó a los casos de deudores alimentarios imputados.
 

En su propuesta la diputada de Morena reconoce que ya está contemplada en la legislación penal el delito del incumplimiento de la obligación alimentaria, así como la insolvencia simulada, pero se ha pasado por alto los aliados que tienen los deudores alimentarios, principalmente en la fuente laboral.

“Se dilata en dar la información sobre las percepciones ordinarias y extraordinarias que recibe el deudor alimentario en razón a su trabajo, y con ello se deja al acreedor alimentario en estado de indefensión al no poder acreditar con prontitud la solvencia real del deudor, y con ello poder percibir una pensión alimenticia más acorde a su necesidad y a la capacidad del obligado.

“En el peor de los escenarios existe una complicidad para reportar un ingreso menor al que realmente se percibe, acciones de los aliados de los deudores alimentarios que están lejos de ser honestas y merecen una consecuencia jurídica”.

Ante esa situación presentó su propuesta para que se penalice el incumplimiento de la obligación de proporcionar información de las percepciones reales del deudor alimentario, a efecto de disminuir estas prácticas que vulneran el derecho de los alimentos, aun sin ser imputados, pero no cumpla con sus obligaciones.