Morelia, Mich., a 28 de mayo de 2020. Miembros del Comité de Padres de Familia de un preescolar en Puruándiro, Michoacán denunciaron supuestas irregularidades en el trabajo realizado por los llamados Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar dentro del programa La Escuela es Nuestra, que se maneja a través del Gobierno Federal.

La titular de la región María del Carmen Pille Calderón se ha visto en diversas irregularidades en los manejos de programas federales, no es la primera vez que pasa esto, anteriormente los habian acusado de no incluir a todos los estudiantes de media superior en las becas Benito Juárez y desviar las becas. 
Según la denuncia presentada a este medio de comunicación, los funcionarios públicos buscan quedarse con el recurso enviado por la Federación para el mejoramiento de infraestructura educativa en las escuelas de la entidad acusando directamente al encargado de Puruándiro José Jesus Ramirez, ya que supuestamente han modificado a su favor las reglas de operación del Programa, para imponer a los Comités de Padres de Familia a un presunto arquitecto que estaría como encargado de todas las obras, ya que de lo contratarlo, amenazaron con retirar el recurso federal que recibieron los planteles.

A decir de los padres de la familia el grupo de Servidores de la Nación es allegado a Mario Arturo García Suárez, quien se ostenta como subdelegado regional de Bienestar en Puruándiro, mano derecha de la delegada regional, María del Carmen Pille, quien a su vez ha sido señalada por hacer campaña, a través de los programas federales.

Asimismo, aseguraron que existen denuncias de irregulares en la aplicación de los diferentes programas federales en los municipios que pertenecen a la región Puruándiro, sin que haya hasta el momento sanción alguna contra funcionarios.

Recordaron que Mario Arturo García se encuentra actualmente cesado de la función pública por antecedentes de corrupción, por lo que ya se solicitó por Acceso a la Información Pública el estatus laboral que guarda, toda vez que, de estar contratado por la delegación de Bienestar, ésta estaría incurriendo en un delito.

En videos difundidos en redes sociales, se observa a María Guadalupe Silva, Marco Antonio García y Daniel Arreguín Vital, en una reunión con padres de familia de una comunidad, a quienes admiten haber presentado al mismo arquitecto en otras escuelas de la región, con la encomienda de generar el empleo.

Mediante un escrito, la respuesta de los padres de familia a esta solicitud es negativa, en donde la tesorera de un Comité Escolar de Administración Participativa de un jardín de niños en Puruándiro, denuncia que el arquitecto que quieren imponer como encargado "trae muy elevados los costos" y pretende cobrar también por el llenado de "lineamientos y documentos", supuestamente necesarios para la ejecución del programa.

Otra madre de familia grabó el momento en que dichos Servidores de la Nación le advierten que de no contratar a esa persona y no comenzar los trabajos de construcción "el día lunes", levantarían un reporte "de que no quisieron el recurso" en esa institución y perderían el apoyo federal.

“Nosotros trabajamos limpiamente, no queremos chuecuras ni nada, como el presidente (Andrés Manuel López Obrador). Nosotros queremos trabajar ya el lunes pero con un albañil de aquí”, responde la tesorera, quien aclaró serán habitantes de la comunidad quienes trabajarán en las obras.

Cabe mencionar que de acuerdo con las Reglas de Operación de La Escuela es Nuestra, los objetivos del programa son dignificar las condiciones de las escuelas y evitar la corrupción, clientelismo y discrecionalidad en el manejo del presupuesto destinado a la infraestructura educativa.

Este programa se sustenta en la distribución directa de recursos a los Comités Escolares de Administración Participativa, de acuerdo con el número de alumnos de cada centro escolar: los de 50 alumnos, reciben 150 mil pesos; los de 51 a 150 estudiantes, 200 mil pesos, y los que tienen más de 151, 500 mil pesos.

En el apartado sobre la Dispersión de los recursos, se establece que se harán llegar de manera directa por parte de la SEP a los CEAP, sin costo alguno para los beneficiarios y serán entregados directamente al Comité Escolar de Administración Participativa, órgano electo por la Asamblea Escolar que es responsable de su ejercicio.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, el 80 por ciento de la distribución de los recursos del programa se concentra en los municipios de alta marginalidad en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Chihuahua, Durango, Michoacán y el Estado de México.