Salvador P., ex presidente municipal de Churintzio en el periodo 2015-2018, e Ignacio A., ex director del Sistema de Agua Potable de la misma administración, enfrentan un proceso ante el Juzgado de lo Penal con sede en Morelia por peculado, desvío de recursos por varios millones de pesos y malos manejos.

La mañana del miércoles 5 de febrero elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán cumplimentaron una orden de presentación contra los exfuncionarios, de acuerdo con la causa penal 964/2019, para llevarlos a la audiencia que inició en la capital michoacana alrededor de las 9:00 horas. 

El proceso inició tras las investigaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), como resultado de la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento 2018-2021 ante la Fiscalía Anticorrupción.

Además, a los indiciados se les imputa la compra de vehículos con recursos municipales a nombre de particulares, fraude a usuarios del servicio de agua potable por obras fantasma de pozos para comunidades y en la cabecera municipal.

Aunado a esto, se les señala por actos de nepotismo, al tener a sus familiares cercanos y de segunda línea dentro de la nómina municipal, sin presentarse a realizar labores, por lo que son considerados aviadores, además de brindar beneficios a algunos priístas por ser parte de su grupo o coto de poder. 

Dentro de las anomalías por parte de la administración se encuentran obras reportadas que solamente quedaron en papel, sin que se tenga claro el destino de los recursos.

El proceso penal inició luego de poco más de un año de que la administración 2018-2021 denunciara los ilícitos.

Al finalizar su periodo, la administración priísta se negó a hacer entrega de instalaciones, equipos, unidades motoras y cuentas bancarias al nuevo gobierno municipal, como lo señala la ley al momento de la toma de posesión del ayuntamiento electo.

El 1 de septiembre de 2018, el acto protocolario de entrega-recepción y toma de protesta del Ayuntamiento electo se realizó con las instalaciones municipales cerradas, donde se pudo observar un desmantelamiento de las oficinas, pues fue arrancado el cableado eléctrico, no aparatos telefónicos ni equipos de cómputo.

Representantes de la ASM y un notario público dieron fe de las condiciones en que tomó protesta el Ayuntamiento entrante, sin que el exalcalde Salvador P. acudiera ni entregara las unidades adquiridas en su periodo, dejando un parque vehicular en condiciones precarias, patrullas sin funcionar y puertas cerradas.

Ahora, luego de casi año y medio de este cambio de gobierno, las autoridades competentes iniciaron el proceso penal para determinar las sanciones para ambos exfuncionarios, quienes podrían enfrentar sanciones que les obligarían a pagar millones de pesos que desaparecieron de las arcas municipales en perjuicio de la población de Churintzio.