Los homicidios fueron perpetrados en siete entidades ante una coyuntura de proyectos de infraestructura a los que se oponían o para hacer valer los derechos humanos de las comunidades donde habitaban. 

En este año han sido asesinados en México 13 activistas defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Los homicidios se perpetraron en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Puebla y Tabasco, en una coyuntura de proyectos de infraestructura, territoriales e hidroeléctricos a los que se oponían o para hacer valer los derechos humanos de las comunidades que habitaban.

De acuerdo con las autoridades de cada entidad, algunos de los activistas asesinados ya habían presentado denuncias por amenazas.

Front Line Defenders, fundación que protege a los defensores de los derechos humanos que están en riesgo, informó que en 2018 en México hubo 21 ejecutados, con lo que acaparó 15 por ciento de todos los homicidios de activistas en el mundo. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), informó que el año pasado fueron identificados 49 ataques a personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente, 21 de los cuales fueron homicidios en diversas partes del país.

Un caso fue el de Samir Flores, quien se había manifestado contra la puesta en marcha de una termoeléctrica en Morelos. Fue baleado cuando salía de su casa en el pueblo de Amilcingo.

El asesinato se llevó a cabo tres días antes de la consulta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la central energética, cuyas obras iniciaron en 2012 y que ha sido denunciada por su impacto ambiental.

El último ambientalista asesinado fue José Luis Álvarez Flores, quien recibió varios disparos de arma de fuego y fue encontrado sobre la carretera Emiliano Zapata, ubicada entre los límites de Tabasco y Chiapas, a la altura del ejido Calatrava. De acuerdo con sus compañeros, una semana antes lo habían amenazado de muerte por la denuncia que hizo sobre la extracción de arena de manera ilegal en el río Usumacinta.

Billy Kyte, de Global Witness, ONG internacional que lucha para que no haya explotación de los recursos naturales y abusos de los derechos humanos, informó que son principalmente cuatro los factores que posibilitan asesinatos en México, iniciando por la exclusión de las comunidades por parte del gobierno en la toma de decisiones sobre megaproyectos en sus comunidades, la ausencia de protección, la impunidad y la creciente expansión del crimen organizado.

Ante esta situación, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo Manzur, lanzó a través de Twitter un mensaje el 5 de junio pasado, en el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente, en el que reitera su respeto “hacia las mujeres y los hombres que defienden con dignidad y fortaleza la diversidad biológica del planeta”.

En junio pasado, Enrique Guadarrama López, segundo visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que los defensores en México están en desventaja respecto al poder de las empresas, ya que éstas tienen estructuras sólidas conformadas por equipos de abogados preparados para litigar y cabildear a favor de las corporaciones.